Existe en el sistema tributario una complejidad y multiplicidad de normas que no manejan unidad de criterio, y conceptos que se entrelazan en un mar de interpretaciones, siendo esto una gran dificultad para el manejo de los contribuyentes  y un recaudo ineficiente por parte del Estado.

Existen normas que colocan a los asalariados, independientes y los rentistas de capital, con un margen muy reducido para un pago de impuesto justo y equitativo.

Un sistema tributario complejo  sujeto a interpretaciones cambiantes y normatividad abundante generan inseguridad jurídica en la forma de pagar el impuesto, en el recaudo oportuno y el desgaste administrativo de los contribuyentes.

En estas circunstancias, el Estatuto Tributario adolece de claridad y se convierte en un instrumento susceptible de evasión y elusión lo, que atenta contra un buen recaudo de impuestos.

A la vez genera una carga injusta y muy onerosa para los asalariados, independientes y rentistas de capital.

El Estatuto deja por fuera de su competencia una cantidad de actividades económicas que no tiene ningún control, como son  las exentas y excluidas del impuesto al valor agregado, cuyos ingresos son altos y no contribuyen al Estado con el mínimo de impuestos.

Ello genera prácticas que afectan negativamente la manera en que los ciudadanos perciben la administración de los bienes públicos, y desmejora la confianza entre el Estado y los contribuyentes.

Existe un sistema tributario a la medida de asociaciones económicas muy influyentes en el Congreso de la Republica, que buscan fortalecer sus finanzas con acuerdos que lesionan los intereses de las personas más desprotegidas y sin opciones de obtener beneficios más equitativos  en igualdad de condiciones.

Al día de hoy las personas asalariadas, independientes y rentista de capital están más controladas y expuestas a que sus ingresos sean puestos como fiscalización prioritaria, cuyos costos, rentas exentas y deducciones son limitados con porcentajes que dejan percepción de inequidad en el tributo. 

La estructuración del sistema tributario, permite que las entidades del gobierno cometan arbitrariedades en contra de los contribuyentes cuyo único fin se centra en el recaudo y no en el acompañamiento y educación de los mismos.

Algunas tarifas de impuesto son demasiado gravosas, como en el caso de la  retención en la fuente de los honorarios para personas naturales y jurídicas que ascienden al 11%, como también la tarifa del impuesto de renta para personas naturales que llega al 39%,  lo que contribuye a que menos personas quieran participar en un sistema público, que con sus impuestos se beneficie las personas menos favorecidas.

En los últimos años el número de declarantes ha crecido sustancialmente pero no lo suficiente para abarcar todas las actividades comerciales y de servicios y algunas sociedades y entidades sin ánimo de lucro, que por su misma naturaleza contribuyen poco a la Hacienda Pública.

Cada año el país se ilusiona con  anuncios de que se nombra una comisión de expertos para simplificar, hacer más eficiente y mejorar el sistema tributario, que genere equidad y cultura de pago en los contribuyentes.

Todas estas buenas intenciones se ven truncadas por los intereses de los conglomerados económicos más poderosos cuyo lobby en el Congreso hace que se deshaga de un plumazo el anhelado  proyecto. Se suma a ello el interés de cada Gobierno para obtener un impuesto inmediato para su gestión, pero se olvida de proyecciones a futuro que transmitan tranquilidad a todos los actores económicos incluyendo la inversión extranjera.

Esperemos que la mueva comisión de expertos nombrada para estructurar un sistema tributario ágil, sencillo y acorde con las necesidades tributarias y cuyos planteamientos sean acogidas por el gobierno nacional, sirva para remediar todas estas incertidumbres que aquejan a los colombianos.